viernes, 29 de junio de 2012

La Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos

Ayer se conoció la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre la constitucionalidad de la Ley de Salud aprobada por el Congreso el año pasado mejor conocida como Obamacare. Esta ley ha causado mucha controversia por sus características de obligatoriedad de adquirir un seguro de salud, de redistribución de los servicios médicos, quitarle beneficios a unos para darle a otros y por el alto costo para el gobierno al ampliar los servicios gratuitos a millones de personas que carecen de seguro o son de bajos ingresos. También ha causado mucha controversia por sus aspectos morales ya que la ley mandata atención y financiamiento para aborto, contracepción, esterilización, etc... La primera sorpresa se dió al conocerse que no fue el Magistrado Kennedy,un magistrado que vota con uno y otro bando ideológico, el que inclinó la balanza a favor de la constitucionalidad, sino que fue el Magistrado Roberts, un magistrado de estricta línea conservadora quien se cruzó al otro bando, que esta vez votó con los cuatro magistrados liberales para formar la mayoría, 5x4, a favor de la constitucionalidad de la ley. Los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos buscaron una ruta tortuosa para justificar la constitucionalidad de la ley, algo similar a lo que hizo la CSJ de Nicaragua para justificar la constitucionalidad de la candidatura de Daniel Ortega para un tercer período presidencial. Trataré de explicar el asunto para aquellos de mis lectores que no están familiarizados con la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos otorga al gobierno federal sólo aquellos poderes que están claramente establecidos por, o enumerado, en el cuerpo de la Constitución. Las facultades que se enumeran son sólo una pequeña parte de una lista casi ilimitada de los posibles poderes del gobierno federal. A los estados se les niega un número muy limitado de los poderes de la Constitución. Estos poderes que no se conceden al gobierno federal, ni se niegan a los estados, corresponden a los estados o al pueblo. Esta relación entre los poderes del gobierno federal, los estados y los individuos está implícito en la Constitución, pero no se indica expresamente. Durante los debates de ratificación cinco estados exigieron una enmienda que explicara claramente esta relación para las generaciones futuras. Ese es el propósito de la Décima Enmienda. Antes de la adición de la 10 ª Enmienda el federalismo estaba implícito en el texto de la Constitución. Después de que la 10 ª Enmienda fue agregada a la Constitución el federalismo fue grabado en piedra para las generaciones futuras. Federalismo dibuja una línea muy clara entre los poderes del gobierno federal y los gobiernos estatales. ObamaCare cruza esa línea de tantas maneras que casi borra la línea que por completo. La Constitución no concede al gobierno federal el poder para obligar a los individuos a hacer nada más que pagar sus impuestos. El gobierno federal definitivamente no se le concedió el poder de obligar a las personas de adquirir un seguro de salud. Ese poder no es uno de los poderes enumerados en la Constitución por lo que se dejó en manos de los estados. La Corte Suprema para justificar la constitucionalidad de la ley que específicamente obliga a los ciudadanos a adquirir un seguro de salud bajo pena de multa, disfrazó este mandato como un impuesto. Según The Heritage Foundation esta sentencia constituye una trágica malinterpretación de la Constitución. Esta sentencia pareciera emanada de la CSJ de Nicaragua con el Magistrado Rosales votando con la mayoría y escribiendo la opinión de la mayoría. ¿qué piensan mis amigos? Yo creo que los malabarismos constitucionales de Chavez, Correa, Ortega y compañía son un mal ejemplo para los Estados Unidos. Se están contagiando.

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